LAS RELACIONES FAMILIARES: LA VIOLENCIA PATERNO-FILIAL
(diegomartin).- En los últimos veinticinco años la violencia intrafamiliar ha dejado de ser considerada un problema perteneciente al ámbito privado de los hogares, para convertirse en un fenómeno visible y motivo de preocupación y alarma del conjunto de la sociedad.
En la actualidad estamos asistiendo a una nueva forma de violencia dentro de los hogares, que sitúa a los progenitores como víctimas de un abuso ejercido por sus propios hijos. No se puede afirmar que sea un problema de nuestros días, pero los expertos coinciden en señalar que el aumento de los casos de progenitores que denuncian a sus hijos por maltrato y acaban recurriendo a la justicia está aumentando en los últimos años.
El afloramiento de la violencia filio-parental en la Administración de Justicia ha sido un fenómeno que ha seguido un recorrido temporal paralelo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Desde la entrada en vigor de la mencionada ley, a los menores se les exige responsabilidad penal a partir de los 14 años. La realidad es que en nuestro país se ha ido endureciendo progresivamente el tratamiento penal de los menores de edad, justificado en el paulatino crecimiento de la delincuencia juvenil y, en consecuencia, en la necesidad de respuestas más severas para los hechos delictivos cometidos por menores.
Yo creo que el cambio de legislación y la difusión por parte de los medios de comunicación han podido influir en el aumento de las denuncias por maltrato hacia los padres. Así mismo, la creación en estos últimos años de recursos para afrontar este problema desde diferentes ámbitos (judicial, asociaciones que trabajan con las familias, salud mental, psicológico individual) y la mayor concienciación de los padres sobre sus propios derechos y sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Anteriormente, los padres por falta de información y por un sentimiento de culpa no llegaban a denunciar este tipo de agresiones. No obstante, es posible que muchos de los casos existentes no salgan a la luz y se guarden en el ámbito familiar.
Entre los cambios sociales que estamos viviendo no hay que olvidar el aumento de separaciones y divorcios, que también pudiera influir en el incremento en los últimos años de los casos de maltrato de hijos a padres. En estas situaciones la custodia de los hijos se da normalmente a la madre, por lo que el número de familias monoparentales (madre-hijo) y de familias reconstituidas están también aumentando. Así pues, hay que señalar que curiosamente son muchos los estudios que destacan una mayor proporción de familias monoparentales (madres que viven solas con sus hijos) en las denuncias por este tipo de violencia familiar. Es habitual que la madre trabaje fuera de casa y se encuentre desbordada por las múltiples responsabilidades que tiene; ante estas circunstancias es posible que en este tipo de familias los hijos estén desatendidos. Pero no sólo ha ido cambiando la estructura familiar, también la forma de educar a los hijos. Los estilos educativos de la familia que predominan actualmente son la permisividad, sobreprotección y falta de límites, que constituyen un importante factor de riesgo de la violencia filio-parental.
A nivel psicológico, los resultados reflejan que son adolescentes con niveles de agresividad (contra iguales o contra adultos) superiores a los de otros jóvenes infractores. Esta agresividad podría estar relacionada con múltiples causas, tales como la violencia vivida en la familia o el consumo de sustancias. El consumo de hachís y cocaína ha sido una variable diferencial en nuestro grupo de menores agresores contra sus progenitores.
Aunque la violencia de los menores hacia sus progenitores responde a una etiología multicausal, el estilo educativo de los padres y la calidad de las relaciones familiares parecen tener mucha influencia en el desarrollo de este fenómeno.
El proceso de intervención y actuación en adolescentes con falta de adaptación social y conductas disruptivas (conductas de agresividad y ofensas) es una función multidisciplinar. Prevenir y tratar los casos de problemas de convivencia social, conductas disruptivas en sus comienzos, como serían, gamberrismo, infracciones administrativas o penales leves; inicio en el consumo de drogas, absentismo escolar y/o comportamientos agresivos y violentos y proporcionar apoyo e información sobre el servicio que se prestará a padres, profesorado, alumnado, juzgados, fiscalía de menores y centro de atención al menor de la Junta de Andalucía. Así mismo, la creación en estos últimos años de recursos para afrontar este problema desde diferentes ámbitos (judicial, asociaciones que trabajan con las familias, salud mental, psicológico individual) y la mayor concienciación de los padres sobre sus propios derechos y sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Pudiendo ser consideradas estas como medidas clave para tratar el incremento de esta situación social grave.
Diego Martín, doctor en Psicología
