Podemos pregunta por la Segregación San Pedro, en el parlamento
El ISP, agradece el gesto
Hace 25 años que los ciudadanos de San Pedro Alcántara iniciaron una larga travesía para reclamar legítimamente su segregación de Marbella y la creación de un municipio independiente, en la búsqueda de una mejor gestión de los recursos públicos y atención por parte de las autoridades municipales.
Es cierto que todas las legislaciones que regulan este procedimiento, las vigentes y las derogadas, indican que esta medida debe ser algo excepcional y tomarse sólo cuando las circunstancias indiquen que es necesario.
Pero ya en 1991 se cumplieron rigurosamente todos los puntos normativos para que se tramitara el expediente, pero éste ha ido dilatándose, eternizándose con inexplicables idas y venidas burocráticas, quedando irresoluto. Así con el cambio de normativa en 2010, vuelta a esperar.
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Entendemos que pueda preocupar el cumplimiento de la legislación vigente. Pero la Junta ya ha cumplido de sobra con su papel de garante de la legalidad. Ahora que el asunto ha llegado a los tribunales, dejemos que sean otras las instancias que se pronuncien y, en su caso, decidan sobre la pertinencia o no de la segregación de San Pedro Alcántara.
Mi pregunta, por tanto, es muy sencilla:
¿Qué hará al respecto la Junta de Andalucía? ¿Respetará la voluntad expresada legítimamente y bajo el siempre riguroso cumplimiento legal de los vecinos y vecinas de San Pedro Alcántara?
Agradecimiento del ISP
AGRADECIMIENTO AL GESTO DE PODEMOS AL INTERESARSE SOBRE LA SEGREGACIÓN DE SAN PEDRO ALCÁNTARA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ
Un gesto que les honra, a diferencia de quienes mantienen un gobierno contrario a los legítimos intereses de San Pedro Alcántara
De todos es sabido, que desde hace 25 años, tanto el Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Grupo Independiente Liberal (GIL), se han opuesto a la segregación de San Pedro Alcántara, utilizando todo tipo de argucias legales e ilegales, intentando desvirtuar un movimiento vecinal que sigue vivo, junto al Expediente de Segregación presentado en el año 1991.
Durante este tiempo, hemos tenido que soportar:
- Leyes hechas ex profeso para negar el derecho a decidir de un pueblo, plasmado en la Constitución Española, la Ley de rango estatal 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- Maniobras dilatorias y contrarias a Derecho por parte del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga, enmendadas en 2009 por el Tribunal Supremo.
- Hasta cuatro años para que un perito certificara la distancia entre Marbella y San Pedro Alcántara, cuando el mismo Instituto Geográfico Nacional y el Nomenclator del Instituto Nacional de Estadística, han dispuesto siempre una distancia entre núcleos de 10,1 kilómetros.
- Pérdida de documentación en la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
- Supuestas firmas en contra del Expediente de Segregación, “cocinadas” por miembros del grupo de apoyo GIL, pagados con dinero del Ayuntamiento de Marbella.
- La estafa del abogado José María del Nido, cobrando 132.463,06 euros del Ayuntamiento de Marbella, por un trabajo que no costaba más de 5 o 6 mil, según el baremo oficial de honorarios.
- La redacción de cuatro documentos completamente falseados, a conveniencia del Partido Popular, con puño y letra del actual Secretario Municipal, el ex Interventor, el Archivero y el Arquitecto Jefe del Área de Planeamiento y Gestión, con el visto bueno del ex Concejal Delegado de Urbanismo.
- Saltándose a la torera el mandato del Pleno, la negativa de estos funcionarios a rectificar unos informes declarados incorrectos y faltos de verdad jurídica por parte de la mayoría de miembros del consistorio.
- Sin olvidar la ratificación de estos informes por la anterior Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, María Gámez que, contra sus propios compañeros de Marbella y San Pedro Alcántara, bendijo estos informes del ayuntamiento en el año 2011.
Aun así, el documento y la petición, siguen vivos, hoy en sede judicial, nuevamente ante el Tribunal Supremo, gracias al trabajo y empeño del pueblo sampedreño que sigue luchando por sus derechos, ninguneados por todos y cada uno de los partidos que han ido ocupando el gobierno de nuestra vecina localidad de Marbella.
Por otra parte, agradecer a Juan Antonio Gil de los Santos, del Grupo Parlamentario Podemos, que esta semana ha tenido el valor y la gentileza de ofrecerse como portavoz de los vecinos y vecinas de San Pedro Alcántara que, durante tantos años, están a la espera de una respuesta definitiva por parte de la Junta de Andalucía y los Tribunales de Justicia. Destaca esta formación en la defensa de la legalidad y la voluntad popular, al contrario que otras, más atraídas por el lujo y sueldos que les proporciona Marbella, traicionando al pueblo cuando se asientan en el gobierno, desoyendo las peticiones de nuestros ciudadanos.
Por otra parte, atendiendo a la respuesta dada en sede parlamentaria por parte del Vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, nos parece lamentable y cínica, por poner unos calificativos suaves, al decir que su gobierno “cumplirá escrupulosamente” lo que dicten los tribunales sobre la segregación; que “no va a entorpecer el legítimo deseo de unos o de otros”; o que han estado velando para que “se cumpla la legislación, y no le queda la menor duda de que lo hará, como hace siempre, y que cumplirá escrupulosamente la resolución judicial”.
En primer lugar, la Junta de Andalucía, o lo que es igual, el Partido Socialista Obrero Español, ha estado actuando en connivencia con GIL y PP en este asunto desde tiempo inmemorial, incluso oponiéndose a los deseos de los ciudadanos, la legalidad vigente al momento de presentar el Expediente y durante todo el procedimiento judicial y administrativo posterior. Ellos sabrán cuáles son los intereses ocultos que unen a estos tres partidos.
En segundo lugar, también la Junta de Andalucía es la que ha ido modificando la legislación nacional hasta en tres ocasiones para entorpecer (en exclusiva), la segregación de San Pedro Alcántara, ya que muchas entidades locales con un número infinitamente menor al nuestro y con menores recursos económicos, han obtenido su independencia sin problemas. Ahí están los casos de Villanueva de la Concepción, con 3.386 habitantes; Serrato, con 500; Montecorto, con 649… y así un largo etcétera, a lo alto y ancho del territorio español.
En tercer lugar, advertir la utilización por parte de Francisco Menacho Villalba, ex Consejero de Gobernación y Justicia, en el Decreto 275/2011, de 29 de agosto, sobre inadmisión de la segregación, la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, derogada desde el 23 de Julio de 2010, cuando realmente correspondía aplicar la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, vigente desde esa fecha de derogación de la anterior, en cuya Disposición Transitoria Primera, sobre procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, “les será de aplicación el régimen jurídico vigente en el momento de su incoación.” O lo que es igual, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y su reglamento de 1986, cuyos preceptos se cumplían al 100% en el ámbito del Expediente de Segregación de San Pedro Alcántara.
Si todo esto es salvaguardar la legalidad y las garantías constitucionales por parte de la Junta de Andalucía, que bajen los Dioses del Olimpo y lo certifiquen, porque ha resultado ser completamente todo lo contrario, rozando, por parte de varias administraciones, la prevaricación.
Por último, ya que desde enero de este año no hemos obtenido respuesta oficial a nuestra última petición dirigida a Opción Sampedreña (OSP), para que negocie el allanamiento de la Junta de Andalucía en el procedimiento ante el Tribunal Supremo, pedirles que recapaciten, tanto sus directivos, como sus afiliados y simpatizantes, para que no sigan manteniendo en el poder a un partido, como es el socialista, que sigue entorpeciendo el destino de San Pedro Alcántara, oponiéndose a la creación de un ayuntamiento propio. Igualmente para que hagan cumplir el mandato del Pleno Municipal y se modifiquen, rectifiquen y mejoren los informes que realizó el Partido Popular en contra de la segregación, faltando en todos ellos a la verdad jurídica y física de nuestra localidad.
